El Ejército Nacional reportó al menos 31 ataques recientes en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en medio de una creciente ola de violencia atribuida a grupos armados ilegales. La situación afecta a comunidades civiles, infraestructura y la seguridad regional.
Las autoridades militares confirmaron una intensificación de los hechos violentos en el suroccidente de Colombia durante los últimos días, con un balance preliminar de al menos 31 ataques que incluyen hostigamientos armados, uso de explosivos, atentados con drones y acciones contra la fuerza pública.
De acuerdo con reportes oficiales, los incidentes se concentran en corredores estratégicos como la vía Panamericana, donde recientemente se registró uno de los atentados más graves del año. En ese hecho, ocurrido el 25 de abril de 2026, una explosión dejó al menos 20 personas muertas y decenas de heridos, tras afectar vehículos de transporte público y civil.
Las autoridades atribuyen gran parte de esta ofensiva a disidencias de las antiguas FARC, particularmente estructuras vinculadas al llamado Estado Mayor Central, liderado por alias “Iván Mordisco”. Estos grupos mantienen presencia en zonas rurales y corredores del narcotráfico, donde disputan control territorial y económico.
Entre las acciones violentas registradas se incluyen:
- Activación de artefactos explosivos en vías nacionales
- Ataques con drones contra infraestructura militar
- Hostigamientos a estaciones de Policía y bases del Ejército
- Bloqueos y afectaciones a la movilidad
Según información conocida, varios de estos ataques ocurrieron de manera coordinada en cortos periodos de tiempo, lo que evidencia una estrategia de presión armada en la región.
El presidente Gustavo Petro condenó los hechos y calificó a los responsables como organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico, anunciando el fortalecimiento de operaciones militares en la zona.
Gobernadores y autoridades locales han solicitado mayor presencia del Estado y medidas urgentes para proteger a la población civil, que ha sido la principal afectada por esta ola de violencia.
La región del suroccidente colombiano ha sido históricamente una de las más complejas en materia de seguridad, debido a la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y las rutas estratégicas hacia el Pacífico.
En los últimos años, la fragmentación de grupos armados tras el acuerdo de paz de 2016 ha derivado en la consolidación de disidencias que operan con mayor autonomía y capacidad ofensiva.
La reciente escalada ocurre además en un contexto político sensible, a pocas semanas de procesos electorales, lo que aumenta la preocupación por la seguridad y la estabilidad institucional en el país.
Comparado con periodos anteriores, expertos advierten que el uso de tecnologías como drones y explosivos improvisados refleja una evolución en las tácticas de estos grupos, incrementando el riesgo para civiles y fuerza pública.
Las Fuerzas Militares mantienen operaciones activas en los departamentos afectados, mientras el Gobierno evalúa nuevas estrategias para contener la violencia.
En el corto plazo, el desafío será recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades, en una región donde la paz sigue siendo un objetivo aún distante.
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