En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó el presidente estadounidense Donald Trump. La acción, que incluyó bombardeos y el despliegue de fuerzas especiales, ha generado reacciones diversas a nivel internacional y plantea un cambio abrupto en la situación política y de seguridad de Venezuela y la región.
Ataque y detención Según comunicados oficiales de Estados Unidos, fuerzas militares y de operaciones especiales llevaron a cabo un ataque coordinado de gran escala en Caracas y otras zonas, con el objetivo de capturar al mandatario venezolano que enfrenta cargos de narcoterrorismo y delitos relacionados con narcotráfico basados en una acusación federal de 2020. Tanto Maduro como Flores fueron detenidos y trasladados fuera de Venezuela en un buque estadounidense.
El operativo incluyó explosiones en objetivos castrenses y puntos estratégicos, reportadas durante las primeras horas de la mañana. Estados Unidos justificó la acción en su lucha contra el narcotráfico y las “actividades delictivas del régimen venezolano”, mientras que el gobierno de Venezuela denunció un ataque que calificó de violación de su soberanía nacional.
Denuncias y postura oficial venezolana Reacción del gobierno venezolano Desde Caracas, el gobierno de Maduro ha denunciado la operación como una “agresión militar” y una violación al derecho internacional. Voceros oficiales acusaron a Estados Unidos de intervenir de manera unilateral y solicitaron a organismos como las Naciones Unidas que pronuncien una condena formal. Líderes dentro del chavismo también llamaron a la población a mantener la resistencia y exigieron prueba de vida de Maduro y Flores.
Estado de mando y caos institucional La captura del presidente y su esposa ha dejado un vacío de poder y ha generado incertidumbre sobre quién está al mando dentro de Venezuela, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigiendo información sobre el paradero de los detenidos mientras se mantienen reportes contradictorios sobre el control territorial.
La acción de Estados Unidos ha sido recibida con aplausos por algunos gobiernos y líderes políticos, especialmente opositores venezolanos y aliados políticos que ven la operación como un paso hacia acabar con lo que consideran un régimen autoritario y corrupto. Sin embargo, otros países han rechazado la intervención militar estadounidense, señalando que constituye una grave violación de la soberanía nacional venezolana y del derecho internacional, y pidiendo mecanismos de resolución pacífica.
Autoridades colombianas han expresado preocupación por la situación en la frontera, donde unidades militares han sido puestas en alerta y se evalúan escenarios humanitarios ante posibles desplazamientos. Otros países de la región han pedido prudencia y el fortalecimiento de canales diplomáticos para evitar una escalada mayor del conflicto.
Tras la detención, las autoridades estadounidenses han señalado que Maduro enfrentará un proceso judicial en los tribunales de ese país, con cargos que incluyen narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas. La fiscal general estadounidense ha reiterado que se hará valer la ley y que el exmandatario será procesado conforme a las acusaciones presentadas en 2020.
En medio de la ausencia de Maduro, la estructura política venezolana se encuentra en un momento de alta complejidad. Aún no está claro quién asumirá formalmente el liderazgo en Venezuela, y el vacío de poder podría intensificar las tensiones internas y las divisiones entre fuerzas militares, líderes políticos y sectores civiles. Las próximas horas y días serán críticos para definir el rumbo institucional.
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