El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa y Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, el joven de 18 años que falleció tras recibir el impacto de un proyectil disparado por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas del paro nacional de 2019 en Bogotá. La decisión ordena el pago de una indemnización a sus familiares por los perjuicios ocasionados.
El fallo concluye que hubo responsabilidad del Estado
En la sentencia, el Tribunal determinó que la actuación del agente de la Policía comprometió la responsabilidad patrimonial del Estado, al establecer que el uso de la fuerza durante el procedimiento derivó en la muerte del joven manifestante.
La decisión se da dentro de una acción de reparación directa presentada por la familia de Dilan Cruz y constituye un pronunciamiento en materia de responsabilidad administrativa, independiente de los procesos penales y disciplinarios que se han adelantado por estos hechos.
Los hechos ocurrieron durante el paro nacional de 2019
Dilan Cruz resultó gravemente herido el 23 de noviembre de 2019, cuando participaba en una jornada de manifestaciones en el centro de Bogotá. Durante un operativo del ESMAD recibió el impacto de un proyectil tipo bean bag disparado por un oficial de la Policía Nacional.
El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizado durante dos días antes de fallecer el 25 de noviembre de 2019, convirtiéndose en uno de los casos más representativos sobre el uso de la fuerza durante las protestas sociales en Colombia.
Antecedentes judiciales del caso
La muerte de Dilan Cruz ha sido objeto de múltiples actuaciones judiciales desde 2019. En 2021, la Corte Constitucional ordenó que la investigación penal contra el oficial involucrado continuara en la jurisdicción ordinaria y no en la Justicia Penal Militar, al considerar que debía ser conocida por la Fiscalía General de la Nación.
El caso también generó debates sobre los protocolos para el uso de armas menos letales durante el control de manifestaciones y fue uno de los antecedentes que impulsaron reformas institucionales en la Policía Nacional.
La reparación ordenada por el Tribunal
Además de declarar la responsabilidad de la Nación, el Tribunal dispuso el reconocimiento de una indemnización económica para los familiares de Dilan Cruz por los daños materiales e inmateriales ocasionados por su fallecimiento.
La decisión corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y busca reparar los perjuicios sufridos por la familia, sin que ello sustituya las responsabilidades penales individuales que continúan siendo objeto de otros procesos judiciales.
Un caso emblemático para los derechos humanos en Colombia
La muerte de Dilan Cruz marcó un punto de inflexión en el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas sociales. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han seguido de cerca el desarrollo del caso, señalándolo como un referente en la discusión sobre la protección del derecho a la protesta y la obligación estatal de garantizar la vida e integridad de los manifestantes.
Con este fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reafirma la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019, mientras los demás procesos judiciales relacionados con el caso continúan su curso conforme a la legislación colombiana.
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