El representante a la Cámara Miguel Polo Polo deberá cumplir una sanción de tres días de arresto en un centro de reclusión, luego de que un juzgado de Bogotá negara su solicitud de sustituir la medida por detención domiciliaria. La decisión judicial se produce en el marco del proceso por desacato relacionado con el incumplimiento de una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de los llamados “falsos positivos”.
Juzgado rechazó la solicitud de detención domiciliaria
El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá resolvió negar la petición presentada por el congresista, quien buscaba cumplir la sanción en su residencia. Según el despacho judicial, la medida impuesta corresponde a una sanción derivada de un trámite constitucional por desacato y no a una condena penal ordinaria, por lo que no procede su sustitución por casa por cárcel.
Con esta determinación, Polo Polo deberá cumplir el arresto en un establecimiento de reclusión que será definido por las autoridades competentes para la ejecución de la medida.
El origen del proceso judicial
La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando Miguel Polo Polo retiró y arrojó a la basura varias botas que formaban parte de la instalación artística “Mujeres con las botas bien puestas”, una exposición promovida por la Asociación de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) para honrar la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Posteriormente, la Corte Constitucional determinó que las actuaciones y declaraciones del congresista vulneraron derechos de las víctimas y ordenó una serie de medidas de reparación simbólica, entre ellas un acto de disculpas públicas y rectificación.
Tribunal confirmó la sanción
Tras considerar que las disculpas emitidas por el representante no cumplían con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, un juzgado de Bogotá lo declaró en desacato y le impuso tres días de arresto y una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Días después, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso y confirmó la sanción, concluyendo que no existió un cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.
Reacciones y efectos del fallo
La decisión ha generado amplio debate en distintos sectores políticos y jurídicos del país. Mientras organizaciones de víctimas consideran que el fallo reafirma la obligación de respetar las decisiones judiciales y los procesos de reparación simbólica, sectores afines al congresista han cuestionado la medida y anunciado nuevas acciones legales.
Por el momento, la orden de arresto sigue vigente y deberá ejecutarse conforme a lo establecido por las autoridades judiciales, mientras el representante continúa enfrentando las consecuencias derivadas del desacato declarado por la justicia colombiana.
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